La llamada megarreforma para la “Reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social», impulsada por el Gobierno de Kast, utiliza la noción de la «reconstrucción» para introducir una transformación tributaria, económica y ambiental favorable a los grandes capitales. 

Entre sus principales medidas se encuentran la reducción gradual del impuesto a las grandes empresas del 27% al 23%, la reintegración del sistema tributario, regímenes de invariabilidad para inversiones millonarias y compensaciones para empresas cuyos proyectos pierdan su autorización ambiental mediante Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) . Mientras estos privilegios se presentan como incentivos al crecimiento, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), ha advertido que el proyecto mantendría déficits fiscales al menos hasta 2031 y que sus beneficios dependen de ingresos futuros inciertos. La riqueza privada queda protegida, el costo social y ambiental vuelve a recaer sobre las mayorías.

Desde una perspectiva feminista, anticapitalista y decolonial, esta reforma profundiza un orden que expande la libertad del capital y restringe las condiciones materiales para sostener la vida. La disminución de los ingresos públicos amenaza el financiamiento, ya débil y precario, de la salud, la educación, la vivienda, las políticas de género y los sistemas de cuidado, trasladando nuevamente esas responsabilidades hacia los hogares y, dentro de ellos, hacia las mujeres y comunidades precarizadas. Al mismo tiempo, la flexibilización ambiental favorece la apropiación empresarial de territorios históricamente expuestos al extractivismo, incluidos territorios originarios, rurales y populares.

En esta misma ofensiva se inscribe el proyecto “Escucha su corazón”, que propone modificar el Código Sanitario para obligar al personal médico a informar sobre la actividad cardíaca embrionaria o fetal y ofrecer su escucha antes de una interrupción legal del embarazo que en nuestro país solo abarca tres causales. El proyecto establece que, cuando la mujer decline ese ofrecimiento, el médico deberá negarse a realizar la prestación. 

Bajo el lenguaje aparentemente neutral del consentimiento informado, se instala una práctica de coerción emocional que puede revictimizar a mujeres, niñas y personas gestantes que enfrentan un embarazo producto de una violación, una inviabilidad fetal letal o un riesgo para su propia vida. Condicionar el acceso a un derecho reproductivo a la aceptación de un ritual culpabilizador es parte de un entramado de violencia obstétrica y de género. 

Ambas iniciativas expresan una misma racionalidad política; la autonomía para las empresas y tutela sobre las mujeres, las garantías para la inversión y disciplinamiento de los cuerpos, la privatización de la riqueza y socialización del daño. Frente a este proyecto autoritario, afirmamos la necesidad de tener una política feminista que coloque en el centro la sostenibilidad de la vida, los cuidados, la autonomía reproductiva y la defensa de los cuerpos-territorios. 

Rechazamos la megarreforma y exigimos el retiro de “Escucha su corazón”, porque nuestros derechos, decisiones y vidas no pueden quedar subordinadas a los intereses del capital ni al mandato moral heteropatriarcal de las derechas ultraconservadoras.