En invierno, las lluvias y los temporales vuelven a dejar viviendas anegadas, caminos cortados y comunidades enteras bajo el agua. Año tras año, estas catástrofes se presentan como tragedias naturales o consecuencias inevitables del cambio climático, que es, sin duda, una crisis socioecológica de una magnitud inédita. Sin embargo, el agua no inunda territorios neutros dado que avanza sobre territorios intervenidos, despojados y precarizados por decisiones políticas y económicas impuestas y perpetradas durante décadas.
La expansión de los monocultivos forestales, la destrucción de humedales, la especulación inmobiliaria, la privatización del agua, la urbanización de zonas de riesgo y el debilitamiento de la infraestructura pública forman parte de un mismo modelo extractivista. Un modelo que concentra la riqueza, privatiza los beneficios y distribuye las pérdidas entre las comunidades que cuentan con menos recursos para protegerse, evacuar y reconstruir sus vidas.
En este contexto, el gobierno de Kast, a través del Ministerio de Hacienda encabezado por Quiroz, ha convocado a la ciudadanía y a las empresas a realizar aportes para financiar la reconstrucción. Presentada como una expresión de solidaridad nacional, esta campaña desplaza nuevamente hacia las personas y las comunidades parte de una responsabilidad que corresponde al Estado.
La solidaridad comunitaria y popular es fundamental y nos ha permitido históricamente sostener la vida en territorios precarizados frente al abandono, pero no puede convertirse en un mecanismo para reemplazar derechos, debilitar las obligaciones públicas ni liberar de responsabilidad a las grandes empresas que se han beneficiado de la espoliación de los territorios.
Desde una perspectiva anticapitalista y decolonial, esta política reproduce una lógica que ya conocemos, es decir, las ganancias obtenidas mediante la explotación de la tierra, el agua y los bienes comunes permanecen en manos privadas, mientras los daños y los costos de la reconstrucción son socializados. El centro político y económico decide qué territorios pueden ser contaminados o sacrificados, tratando a las regiones, las zonas rurales, los territorios originarios y empobrecidos como espacios para la acumulación de unos pocos.
Las consecuencias de estas crisis también se sostienen sobre una organización patriarcal de los cuidados. Son principalmente las mujeres quienes buscan alimentos, limpian el barro, acompañan a la niñez, personas mayores y con discapacidad, organizan refugios y tejen las redes comunitarias. Este trabajo indispensable permanece invisibilizado y sin apoyo suficiente, incluso cuando ellas también han perdido sus viviendas, sus empleos y los espacios que habitan.
Las devastaciones no afectan a todas las personas de la misma manera. Las desigualdades y violencias estructurales no desaparecen cuando los territorios son inundados, por el contrario, se agudizan y determinan quiénes pierden más, quiénes reciben ayuda y quiénes quedan fuera de las decisiones. Por eso, pensar la reconstrucción nos demanda preguntarnos qué se reconstruye, para quiénes, quiénes deciden y qué formas de vida se consideran dignas de ser cuidadas.
Reconstruir no puede consistir en levantar nuevamente el mismo orden capitalista, colonial y patriarcal que nos enferma y vuelve nuestros territorios cada vez más vulnerables ante los temporales y las inundaciones. Una reconstrucción con justicia social nos convoca a cambiar las prioridades, poner la vida y los cuidados en el centro, fortalecer lo público, redistribuir la riqueza, reparar los ecosistemas y devolver a las comunidades el poder de antaño de decidir sobre sus propios territorios.
