El colonialismo no ha desaparecido sepultado en el pasado lejano, persiste hasta hoy, sólo ha mudado de rostros, lenguajes y herramientas tecnológicas. Ya no necesita ocupar militarmente los territorios, avanza mediante tratados comerciales, endeudamiento, inversiones condicionadas al punto del chantaje, y corporación de tecnología digital. Conserva, eso sí, las mismas tramposas claves del colonialismo de hace cinco siglos: racionalidad, progreso, modernización, que ocultan su verdadera intención: subordinación, inferiorización, expoliación, deshumanización.
La actual arremetida intervencionista de Estados Unidos sobre América Latina – nombrada despectivamente otra vez como “su patio trasero” -, se ejerce mediante presiones políticas, dependencia tecnológica y poder corporativo. Con una soberbia amenazante de vidas y libertades pretende disponer a su conveniencia de nuestros territorios, recursos y destinos. En nuestro país, las apropiaciones/privatizaciones del cobre, el litio y otros bienes estratégicos nos alertan: ¿quién controla nuestras riquezas?, ¿quién se beneficia de su explotación?, ¿qué capacidad tienen las comunidades para decidir sobre sus territorios? Estas preguntas adquieren particular urgencia frente a proyectos económicos que subordinan el bienestar colectivo a la rentabilidad y al enriquecimiento obsceno de elites extrajeras y nacionales.
Ya lo sabemos: el neocolonialismo no se limita a la economía, también arrasa nuestras culturas, saberes y memorias. Las corporaciones tecnológicas concentran un poder creciente sobre la producción y circulación de conocimiento información, imágenes y “narrativas”. ¿Quién puede comunicar y dar sentido a sus relatos? ¿Quién posee su propio poder interpretativo? ¿Quién conserva nuestros archivos, controla su difusión y acceso? ¿Quién decide qué historias merecen ser contadas y cuáles quedan relegadas al silencio? Desde los feminismos latinoamericanos sabemos que estas disputas no son nuevas.
Hoy, la precarización de la vida y las ofensivas ultraconservadoras contra los derechos sexuales y reproductivos impactan especialmente a mujeres y disidencias: discriminación, exclusión, cargas de cuidado, pobreza y cavernarios discursos machistas pretenden limitar nuestras autonomías.
No obstante, nuestras historias de resistencia y nuestras memorias no son solamente territorios amenazados, son también recursos estratégicos y políticos.
Mujeres y disidencias no somos únicamente víctimas del poder, somos creadoras de conocimientos, productorxs de archivos, transmisoras de experiencias y protagonistas de luchas capaces de transformar nuestras sociedades. Las memorias feministas conservan aprendizajes, recuperan voces silenciadas y permiten enlazar activismos y rebeldías frente a las antiguas y las nuevas formas de dominación.
Cuidarlas y defenderlas como un derecho colectivo implica proteger y transmitir el poder interpretativo de las comunidades desde sus propias experiencias, para mantener abierta la posibilidad de cuestionar el pasado y disputar los sentidos del presente.
Las memorias feministas y disidentes tienen una energía afectiva y política que alimenta la autonomía cultural, fortalece las resistencias y nuestra capacidad de imaginar futuros diferentes.
Ningún pueblo puede decidir libremente su futuro si otros controlan sus riquezas y también las historias y el lenguaje en que se nombra y se narra a sí mismo. Frente al neocolonialismo, defender la soberanía, incluyendo la soberanía digital, significa mucho más que proteger recursos naturales, significa defender nuestros cuerpos, conocimientos y legados culturales y políticos.
