La violencia sexual constituye una violencia de género específica que se encuentra arraigada en las sociedades patriarcales, operando como un mecanismo social para la perpetuación de la subordinación de las mujeres (Beatriz Bataszew, s. f.).
Como señala Ximena Goecke (2019), esta forma de violencia “ha sido un dispositivo de sometimiento largamente utilizado en la historia, al punto que hasta hace muy poco se naturalizaba y obviaba en el recuento de los delitos y perjuicios ocasionados en las sociedades en momentos de crisis política y social” (p. 56).
La abogada feminista Camila Maturana (2014) plantea que su práctica “es utilizada para humillar al adversario. Es un mensaje de mutilación y castración del enemigo, una batalla de hombres que se libra en el cuerpo de las mujeres. La violación es utilizada por ambos bandos como un acto simbólico, […] para desmoralizar al otro y, en muchas ocasiones, institucionalizada por medio de la prostitución forzada y la esclavitud sexual en manos de militares”.
Mildred Cáceres y Gloria Avilés (2017), del Centro Cultural por la Memoria La Monche, reflexionan que la violencia política sexual “se constituyó como una práctica permanente y legitimada por la dictadura militar, es decir, en una política en contra de las mujeres institucionalizada como estrategia disciplinante y de control hacia aquellas que no adscriben a su modelo dictatorial y machista”.
En este sentido, la feminista del colectivo “Mujeres sobrevivientes, siempre resistentes”, Beatriz Bataszew (2015), sostiene que las mujeres que vivieron estas torturas sexuales representaban con su ideario y acción “una doble transgresión. Por un lado, cuestionaban los valores sociales y políticos tradicionales y, por otro, rompían con las normas que regían la condición femenina que las circunscribían al ámbito de lo privado/doméstico”.
En 2012, la historiadora feminista Francia Jamett destacaba que la violencia política sexual no estaba tipificada, y por tanto, no era reconocida como delito en la legislación chilena. Sin embargo, el 21 de agosto de 2023, luego de que Beatriz Bataszew iniciara un proceso legal en 2004 para obtener justicia por los crímenes sexuales cometidos en la ex “Venda Sexy”, se obtuvo un fallo favorable que condenó a tres ex agentes de la DINA por “secuestro calificado y tormentos con violencia sexual” y otorgó una indemnización a las mujeres víctimas.
Pese a que este fallo marca un precedente, no logra la justicia y reparación necesaria para las sobrevivientes de la violencia política sexual de la Dictadura.
A 50 años del Golpe de Estado, denunciamos su negación y exigimos verdad, justicia, reparación y memoria para garantizar su no repetición.
Referencias:
- Bataszew, B. (2015). Violencia política sexual: Crimen de lesa humanidad. En El continuo de violencia hacia las mujeres. Recuperado de http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/wp-content/uploads/2015/11/El-continuo-de-violencia-hacia-las-mujeres.pdf
- Cáceres, M., y Avilés, G. (2017). La Monche, Boletín N°1. Centro Cultural Por la Memoria La Monche. Concepción, Chile.
- Goecke, X. (2019). Corriendo la venda: violencia política sexual en dictadura. Disputas feministas a la memoria y justicia transicional. En G. Arellano, N. Del Valle y D. Gálvez (Eds.), Golpes a la memoria. Escritos sobre la postdictadura chilena (pp. 49-67). Madrid: TEGE.
- Jamett, F. (2012). Duerme tranquila niña inocente: Violencia sexual policial contra niñas y mujeres jóvenes en las manifestaciones del movimiento estudiantil el año 2011. En E. Águila (Ed.), Mujeres y violencia: Silencios y resistencias (pp. 84-95). Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual.
- Maturana, C. (2014). Violencia política sexual y humillación al adversario: Una batalla en el cuerpo de las mujeres. Recuperado de http://villagrimaldi.cl/noticias/la-violencia-sexual-politica-sobrepasa-a-las-victimas-directas-es-un-espejo-del-terror-utilizado-para-amedrentar-y-someter-a-la-ciudadania/
