Nuestros territorios han sido asolados por violentos incendios forestales que han destruido casas y cultivos y junto con ello han terminado con la vida de animales y de hombres y mujeres de las comunidades afectadas, que impacta finalmente en las condiciones de vida de toda la población.

Esta situación, que sabemos no será la última, requiere acciones decididas y definitivas de parte del Estado para abordar el problema de fondo que es la explotación forestal extractivista, destructora de los ecosistemas y responsable de la precarización de la vida de muchos y muchos hombres, mujeres y niñxs.

A esta altura del desarrollo científico-tecnológico y del avance del cambio climático resulta impresentable que nuestro país continúe con políticas que no contribuyen al cuidado de nuestros ecosistemas y, más aun, avalando y sosteniendo económicamente a las grandes empresas forestales, que no sólo han explotado indiscriminadamente nuestra tierra, sino que obtienen ganancias siderales a costa de la precarización de la vida de quienes habitamos estos territorios. Los brutales incendios de estos días  y la pérdida de vidas es una muestra de aquello.

Como organización feminista creemos que es necesario pensar las medidas de mitigación y reconstrucción desde una perspectiva de género. Las catástrofes no impactan de la misma forma a hombres y mujeres y, ciertamente, afectan con mayor fuerza a las mujeres y niñas que sostienen la vida en las comunidades rurales y asumen el trabajo de cuidados en todos los segmentos sociales. Los ecofeminismo y los feminismos latinoamericanos han ofrecido ya nítidos marcos de análisis y de acción al respecto.

Se requiere poner fin al actual modelo de desarrollo extractivista basado en la explotación indiscriminada de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. La vida de millones de mujeres depende de la recuperación de los ecosistemas y su apropiación comunitaria para poner al servicio de las necesidades de los pueblos que los habitamos, su riqueza y su capacidad de generar vida.

Finalmente, exigimos un ordenamiento y planificación territorial que resguarde nuestras vidas y el fin del apoyo económico del Estado de Chile a las grandes empresas forestales.

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