Por Luna Magnolia 

Los objetivos y esfuerzos de los movimientos de mujeres y feministas en las últimas décadas en relación a la práctica abortiva ha sido ampliar la noción validada en la primera mitad del siglo XX, que indicaba que esta se trataba de un problema de salud pública (Peirano, 2008:135), cuya recurrencia se producía en el contexto de trayectorias reproductivas ya iniciadas, y se orientaba a ensanchar los periodos intergenésicos y a reducir la multiparidad (Armijo y Requena, 1968) por una noción basada en el paradigma de los derechos sexuales y reproductivos [1], que desde la segunda mitad del siglo XX, entiende a la sexualidad y la reproducción como esferas independientes, por lo tanto, la maternidad no sería una obligación, sino una decisión para las mujeres.

Este entendimiento permitió la configuración de nuevas subjetividades femeninas/feministas respecto a su sexualidad, en las que el aborto se concibe como una alternativa posible en la vida sexual y reproductiva de las mujeres, sin necesariamente estar vinculado a la ampliación de los periodos intergenésicos, sino que su práctica puede estar asociada al aplazamiento o simplemente a la negación de las trayectorias reproductivas de las mujeres. (Palma y Moreno, 2015:52)

Para analizar la práctica abortiva en Latinoamérica y el Caribe y, sin duda, en Chile, es primordial comprender las concepciones de los roles de género, la sexualidad y la maternidad socialmente aceptadas y normalizadas por la población, las que mayoritariamente son parte de la moralidad propia del cristianismo católico y evangélico, arraigada en el territorio desde el proceso de colonización. No obstante, este legado filosófico, cultural y simbólico del “deber ser”, ha entrado en profundas contradicciones y crisis con el desarrollo y fortalecimiento de los estados nacionales seculares y con el triunfo del discurso e ideario feminista de la década de los 70 respecto a la noción de los derechos sexuales y reproductivos. (Zanota, 2008:7)

La práctica abortiva ha sido históricamente un hito constante y universal en la memoria de la sexualidad de las mujeres en distintas sociedades y culturas, siendo aceptada, como castigada y/o criminalizada. Esta experiencia, al igual que el parto, está vinculada a las nociones que los grupos humanos tienen sobre soberanía del cuerpo, autonomía y libertad sexual y reproductiva de las mujeres. (Aldunate, 2013).

En cuanto a su práctica existen diversos motivos para interrumpir un embarazo, pero es el contexto jurídico, social, ético-moral y cultural en el que se realiza un factor central para conocer el abordaje individual y colectivo de los modos de abortar y los impactos en los proyectos de vida de las mujeres sobre todo en este país machista y misógino.

Principios del siglo XX.

En Chile, el contexto social histórico de principios del siglo XX estuvo marcado por el fenómeno heterogéneo de la migración del campo a la ciudad, a raíz de la emergencia de la incipiente industrialización del país. El aumento de la población constituyó una serie de problemas sociales, uno de ellos fue la insuficiencia de las nacientes instituciones de salud para abordar los desafíos epidemiológicos no sólo en materia del bienestar general de salud sino también para enfrentar el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En este periodo de cambios sociales en medio de la llamada “cuestión social”, existían altas cifras de realización de abortos, 7.000 solo en Santiago en 1923 [2], estos datos evidenciaban la voluntad de reducir del número de hijes por parte de las mujeres. (Matamala, 2015:8)

Tegualda Monreal, en “Evolución histórica del aborto provocado en Chile en la década de 1930”, se refería a las mujeres que participaron de estos procesos migratorios: “Quizás por primera vez, ella adquiere conciencia de que la fecundidad no controlada representa un obstáculo en su deseo de integrarse a la nueva sociedad. En esas circunstancias y en ausencia de la anticoncepción, emergerá el aborto ilegal, en las clases bajas y pobres, como el único procedimiento efectivo y a su alcance para controlar la fecundidad no deseada, pese a los riesgos. La epidemia de aborto, que será visible en el hospital, no será sino el reflejo de la diseminación del aborto en este estrato, donde más de 50% de los casos se explica por razones económicas”. (1993:17)

Los años 30 al 60.

Los riesgosos esfuerzos de las mujeres por controlar su fecundidad y epidemia del aborto impulsaron al debate ensanchar las fronteras de lo legítimo (Matamala, 2015:8). En ese contexto, en 1931, el General Carlos Ibáñez del Campo promulgó una serie de reformas al Código Sanitario, donde se incluía la legalización del aborto terapéutico y la esterilización. El nuevo artículo 226 decía: “Sólo se puede interrumpir el embarazo o efectuar una intervención para esterilizar a la mujer cuando los objetivos son terapéuticos. Se requiere la opinión documentada de tres médicos. Cuando no es posible proceder de la forma antedicha, debido a la urgencia de la situación o falta de médicos en la zona, el médico y los testigos deben documentar lo que se ha hecho y las declaraciones permanecerán en poder del médico» (artículo 226 del Decreto ley 226, publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo de 1931)”.

Esta modificación, que pretendía abordar la mortandad y los problemas de salud presentados en las mujeres que serían futuras madres, no fue relevante para la condición de aborto e infanticidio de las mujeres más pobres, pero sí marcó una discusión dentro de los círculos médicos, políticos, obreros y en la lucha de las propias mujeres y feministas. (Zárate, 2008:37)

El incipiente Estado laico, el desarrollo de la salud pública, la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en un contexto desfavorable, la organización del feminismo en sus múltiples perspectivas y la urbanización, presionaban a los cambios culturales en los que se incluía la implementación de políticas públicas de protección de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, abriendo perspectivas para futuros derechos. (Matamala, 2015:8)

Hasta antes de la década de los 50, las mujeres no acudían sistemáticamente a los centros de salud y no había un impacto amplio de los métodos anticonceptivos por la baja alfabetización y extrema pobreza. La información de su uso y la prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) [3] no eran masivas, por ello, la interrupción voluntaria de un embarazo continuaba siendo un método útil para regular la natalidad (Peirano, 2008:157) en un escenario social que empieza a generar iniciales y precarias condiciones que permiten a las mujeres ingresar al mundo del trabajo remunerado y, en menor grado, por las diferencias de clase, a terminar la educación secundaria e iniciar una formación universitaria.

En los primeros años de la década de los 60, la tasa de muertes y complicaciones por abortos provocados eran realmente alarmantes. El doctor Gustavo Fricke daba cuenta de 70.000 hospitalizaciones de mujeres por aborto complicado en 1964, cifra que, a su juicio, demostraba que “la penalización del aborto era inaplicable porque, irrefutablemente, ninguna cárcel podría contener las eventuales condenadas”. (Matamala, 2015:11)

La creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en 1964, cuyos objetivos se orientaron en establecer “políticas para controlar el aborto inducido y el respeto al derecho de la mujer de regular su fecundidad [4]”y el acceso masivo a los métodos anticonceptivos de la época de la mano de la revolución por la liberación sexual, provocó un leve descenso en la práctica abortiva; las complicaciones que resultaban de abortos mal practicados seguían siendo la principal causa de mortalidad materna sobre todo en las clases bajas». (Matamala, 2015:12)

Unidad Popular y dictadura.

Con el advenimiento de la vía chilena al socialismo de Salvador Allende, entre 1970 a 1973 -plena Unidad Popular (UP)-, se encontró un punto de fuga por parte del equipo de médicos del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Barros Luco Trudeau, en Santiago, quienes hicieron una interpretación amplia de la disposición legal de la interrupción de un embarazo de 1931. (Matamala, 2015:13)

Dada la alta demanda de abortos clandestinos en la zona sur de Santiago en condiciones insalubres y precarias que ponían en riesgo la salud sexual y reproductiva de las mujeres, se estableció como criterio para la realización de abortos el estado de necesidad de las mujeres y su disposición a modificar su conducta anticonceptiva del embarazo. (Faúndes y Barzelatto, 2007:185)

En ese contexto, se efectuaron más de 20 abortos con “La máquina”[5] a mujeres que lo solicitaban “por razones de salud psicológica”, lo que se consideraba “terapéutico” por el solo hecho que una mujer expresara su voluntad. Este razonamiento era muy simple, la práctica abortiva existía, con o sin supervisión médica. Las mujeres ingresaban al Departamento de Ginecología y Obstetricia después de los más brutales intentos por interrumpir un embarazo. En este hospital, morían decenas de mujeres al año por infecciones o anemia; negarle la atención a una mujer decidida a poner fin a su embarazo era obligarla a recurrir a las consultas de “aborteras poco calificadas”. (Faúndes y Barzelatto, 2007:185)

El personal sentía responsabilidad por esa omisión: “Las mujeres llegaban con palillos de tejer, con palos de coligüe, con alambres que sacaban de las rejas. Se hacían lavados con agua oxigenada, lavados jabonosos, lavados con permanganato; también se metían aspirinas, a muchas las vimos morir”[i] recuerda una de las matronas, Gloria Santander.

Con esta lógica, se evitaban riesgos de morbilidad y mortalidad de las mujeres solicitantes, todas ellas económica y socialmente desfavorecidas. Los profesionales de la salud de esta unidad tuvieron una interpretación liberalizadora propia de una época de cambios políticos, sociales y culturales en el país y el mundo. Su visión fue pionera al ser comprehensiva de los derechos y las libertades de las mujeres en relación a su cuerpo, sexualidad y reproducción. Las condiciones que establecía este departamento para demandar la interrupción del embarazo eran: «cursar las 12 primeras semanas, que la mujer solicitante del servicio habitara en territorio cubierto por el hospital -aunque en muchos casos no era excluyente- y, que posterior a su atención, aceptara regular su fertilidad con anticonceptivos adecuados». (Matamala, 2015:13)

La mañana del 11 de septiembre no fue la excepción. Tras el Golpe de Estado, “La máquina” se comentaba en el hospital fue llevada a las dependencias de la FACH. Según Aníbal Faúndes (2012)[6] “Lo que permitió que todo esto ocurriera fue la participación colectiva en las decisiones, algo muy propio de la Unidad Popular. Esta decisión no la tomamos los médicos sino todo el personal del sector de abortos. Si no hubiese sido así, las auxiliares que tuvieron que trabajar el triple, no habrían aceptado. Fue el concepto de compromiso popular lo que permitió que ocurriera todo”.

En los años de la dictadura militar, la ley de aborto de 1931 continuó vigente hasta que el 15 de septiembre de 1989. Antes de esa fecha, el cardenal católico José Medina solicitó el cambio de la ley, cuya propuesta fue acogida por la Junta Militar. El fin del derecho se promulgó con la sanción de su práctica bajo toda circunstancia en el artículo 119 del Código Sanitario, eliminando el único recurso legal para acceder a lo que se consideraba un aborto «terapéutico», condenando a las mujeres a finalizar con una gestación clandestinamente y lo peor a continuar con embarazos no viables o no deseados.

Las palabras de Jaime Guzmán en sesiones de la Comisión Constituyente de la dictadura (1974) reflejan la ideología que subyace a tal imposición: “La madre debe tener al hijo, aunque éste salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte. Una persona no puede jamás practicar legítimamente un aborto, porque es un homicidio y toda las consecuencias negativas o dolorosas constituye, precisamente, lo que Dios ha impuesto al ser humano”. (en Eguigurren y Ferrer, 2015:29)

Post dictadura.

Con la llegada del transición democrática, era esperable que se repusiera un derecho, que ubicó a Chile como uno de los pioneros en la región en abordar médicamente el aborto por parte del Estado, sin embargo, esto no sucedió hasta el 2016.

Desde 1990 hasta 2013 se presentaron 52 iniciativas de “ley de aborto terapéutico”, no solo no concretándose ninguna de ellas, sino que su tramitación en el parlamento no tuvo una seria discusión (Eguigurren, 2015:59). En este periodo diversos sectores planteaban que Chile, no necesitaba legislar sobre la práctica abortiva, dado que los índices de mortalidad y morbilidad materna por aborto han reducido considerablemente desde la década del 60 a la fecha.

Según el doctor Ramiro Molina (2015:37) si bien existe un descenso de la mortalidad por aborto de un 93,7% -comparando 1960 con 2010-, se puede concluir que existe una asociación entre aumento de uso de anticonceptivos para prevenir un embarazo no deseado y la disminución del impacto del aborto en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Otra de las hipótesis de esta realidad, es que la incorporación masiva de la estrategia del aborto con pastillas -como método que no necesita la intervención de un tercero en el procedimiento, salvo para la adquisición del medicamento- sigue teniendo una efectividad de un 97,8%. [7]

En las observaciones al Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2009, diversos países instaron a Chile a modificar sus leyes de aborto. Chile, en sus respuestas al EPU, aceptó todas las recomendaciones que surgieron en el examen, salvo, y expresamente, aquellas sobre aborto.[8]

El 2014 se inicia una nueva fase en el proceso de despenalización legal del aborto a partir de una propuesta del gobierno de Michelle Bachelet que ha sido inédita: legalización del aborto por las causales de inviabilidad fetal, riesgo para la vida de la mujer y embarazo cuyo origen es la violación. (Palma y Moreno, 2015:55)

En un contexto de masivas protestas y movilizaciones feministas por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, el 14 de septiembre de 2017, se promulgó la Ley 21.030 llamada Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que despenalizó la práctica abortiva lamentablemente solo en tres causales.

A pesar de su prohibición las mujeres cis y trans continúan y continuaran abortando por infinitas razones a lo largo del territorio pues existen diversos métodos abortivos [9] que operan bajo contextos de penalización y/o despenalización legal, siendo una de las modalidades más comunes en los últimos 15 años para interrumpir un embarazo no deseado: el aborto con misopostrol. [10]

Su acción abortiva fue descubierta por mujeres de clases populares de América Latina, quienes lo usan desde hace 40 años, llegando a ser reconocido como un procedimiento seguro que ha permitido una baja en la tasa de realización anual de abortos inseguros en muchos países en que el aborto es penalizado en todas o alguna de sus formas, disminuyendo la mortalidad de mujeres que interrumpen un embarazo bajo condiciones inseguras en clínicas clandestinas. [11].

Por ese aporte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo concibe como unos de los medicamentos esenciales para acelerar el parto o interrumpir un embarazo de hasta 12 semanas de gestación.[12].

Notas

[1] Los derechos sexuales y reproductivos se instalan en la esfera pública a partir del proceso de reconocimiento progresivo que se inscribe en la ampliación de libertades y actualización permanente de los Derechos Humanos. En ese contexto, los derechos sexuales y reproductivos se conforman en el seno de la confluencia de tres ejes: hitos científicos, el trabajo del movimiento feminista mundial y el derecho internacional se reconoce la autonomía y control de las personas sobre sus cuerpos respecto a la sexualidad y reproducción. A nivel del derecho internacional, la Proclamación de Teherán, en el año 1968, fue el primer instrumento internacional que sentó las bases de los derechos sexuales y reproductivos, al reconocer el derecho de las parejas a determinar libremente el número de hijes y el espaciamiento entre ellos. Así, los derechos sexuales y reproductivos reconocen a las mujeres como sujetas políticas y sociales que pueden decidir sobre sus corporalidades, es decir, determinar desde sus racionalidades y saberes qué ser y hacer con su sexualidad, siendo el derecho al aborto una posibilidad factible para la mujer que lo determine. (Lagarde, 2003:42)

[2] “El debate médico sobre el aborto en Chile en la década de 1930”. (Peirano, 2008:138).

[3] En 1999, la OMS decide recomendar que las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se llamen Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), dado que hay infecciones asintomáticas y por tanto sin signos de enfermedad.

[4] Extraído de Armijo y Requena (1990:19).

[5] “La máquina” según les trabajadores del Barros Luco, parecía estar hecha con dos lavadoras pegadas y aspiraba con un ruido suave como el de un sorbeteo. Los fluidos circulaban limpiamente por sus tubos de plástico transparente hacia los desagües. No producía dolor y era rápida. Cuando comenzó a trabajar a plena capacidad. “La Máquina”, permitió a los médicos hacer casi 500 abortos mensuales. La intervención duraba tres o cuatro horas y las pacientes se iban a casa caminando. En: “La vía chilena del aborto” The Clinic, 12 de marzo 2012.

[6] En: “La vía chilena del aborto” The Clinic, 12 de marzo 2012.

[7] “Informe Anual Línea Aborto Chile” (2010). Recuperado de: http://www.infoabortochile.org 

[8] Examen Periódico Universal, Response to recommendation, Chile. Recuperado de: http://www.upr-info.org/IMG/pdf/Recommendations_to_Chile_2009.pdf.

[9] Legrado, aspiración uterina, uso de sondas y hierbas. (Casas y Vivaldi, 2015:60)

[10] El misoprostrol conocido también como misotrol es una prostaglandina sintética patentada a fines de la década de los 80. Originalmente su uso fue para el tratamiento y prevención de las úlceras pépticas del estómago, sin embargo, otro de sus efectos es provocar contracciones uterinas y, de esta forma, interrumpir una gestación, en el caso de un embarazo (Faúndes y Barzelatto, 2007). Este fármaco tiene un alto nivel de eficacia abortiva (90% de los casos) en el primer trimestre del embarazo (12 semanas). En Chile, este medicamento se adquiere vía internet y es posible comprarlo en todo el territorio nacional. Desde hace algunos años se utiliza masivamente para provocar abortos inducidos, pues no depende de la intervención de un tercero, salvo para su adquisición (Casas y Vivaldi, 2015). Hasta el 2011, se podía acceder a él en farmacias con recetas médicas retenidas, pero desde esa fecha su utilización solo está autorizada a nivel intrahospitalario. Es importante mencionar el importante rol de las feministas aborteras que sensibilizan, informan y acompañan la experiencia de aborto bajo la ética feminista.

[11] Línea Aborto Chile. 2010. Informe Anual Línea Aborto Chile. Recuperado de: http://www.infoabortochile.org el

[12] OMS sobre Misopostrol para el tratamiento de abortos inseguros.

Referencias

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Armijo, R., Requena, M. (1968). Epidemiological aspects of abortion in Chile. Public Health Report. Vol. 83. (1): 41-48.

Casas, L., Vivaldi, L. y cols. (2015). La penalización del aborto como una violación de los derechos humanos de las mujeres. En: Voces sobre el aborto: Ciudadanía de las mujeres, cuerpo y autonomía (60 – 12 pp.). Coedición: Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago.

Eguigurren, P. (2015). Desigualdad de género, política pública y aborto. En el continuo de violencia contra las mujeres y la creación de nuevos imaginarios. Ediciones red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Santiago, Chile.

Faúndes, A., Barzelatto, J. (2007). El drama del aborto en busca de un consenso. Editorial Lom. Santiago, Chile.

Lagarde, M. (2003). La condición humana de las mujeres. En: interrupción voluntaria del embarazo: reflexiones teóricas, filosóficas y políticas. (31 – 60 pp.).  Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Ciudad de México.

Matamala, M. (2015). Aborto en Chile: cuerpos, derechos, libertades. En: Voces sobre el aborto: Ciudadanía de las mujeres, cuerpo y autonomía (7 – 20 pp.). Coedición: Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Facultad de Medicina. Universidad de Chile, Santiago.

Molina, R. (2015). Perspectiva médico – epidemiológica del aborto en Chile. En: Voces sobre el aborto: Ciudadanía de las mujeres, cuerpo y autonomía (34 – 50 pp.). Coedición: Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Facultad de Medicina. Universidad de Chile, Santiago.

Monreal, T. (1993). Evolución histórica del aborto provocado en Chile y la influencia de la anticoncepción. En: Memoria del simposio nacional para la vida de las mujeres: Hablemos de aborto terapéutico. Santiago, Chile.

Palma, I., Moreno, C. (2015). Las paradojas y desafíos para la investigación social del aborto inducido en Chile En: Voces sobre el aborto: Ciudadanía de las mujeres, cuerpo y autonomía (51 – 59 pp.). Coedición: Articulación Feminista por la Libertad de Decidir y Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Santiago, Chile.

Peirano, A. (2008). La nación en peligro: el debate médico sobre el aborto en Chile en la década de 1930. En: Historia y políticas sanitarias en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile.

Zanota, L. (2008).  Os novos contextos e os novos termos do debate contemporáneo sobre o aborto. A Questao de Género e o Impacto social das novas narrativas biológicas, jurídicas e religiosas. Série Antropología Vol: (419). Brasilia, Brasil.

Zárate, M. (comp). (2008). Por la salud del cuerpo. En: Historia y políticas sanitarias en Chile, Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile.